SISTEMA
DE PENSIONES EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN, ACTUALIDAD, PRINCIPALES TENDENCIAS Y
ALTERNATIVAS
SOCIOLOGÍA
DEL TRABAJO
Análisis y debates alrededor del tema de las pensiones
Desde Otto von Bismarck en Prusia, en
casi todos los países se han puesto en funcionamiento programas públicos de
transferencias que proporcionan rentas periódicas y vitalicias a los individuos
durante su vejez. Actualmente, las pensiones de jubilación constituyen
la fuente de renta más importante de los jubilados. [1] Las pensiones de jubilación también suponen la mayor cantidad de gasto público en protección social. Su financiación recae sobre el factor trabajo, mediante cotizaciones o a través de impuestos generales.
la fuente de renta más importante de los jubilados. [1] Las pensiones de jubilación también suponen la mayor cantidad de gasto público en protección social. Su financiación recae sobre el factor trabajo, mediante cotizaciones o a través de impuestos generales.
En España el primer sistema público de
pensiones de jubilación (Retiro Obrero Obligatorio) se remonta a 1919. La
reforma “permanente” del sistema público de pensiones arranca en la era
democrática con la Ley 26/ 1985 de Medidas Urgentes para la Racionalización de
la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social, en lo referente al "análisis
de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las
principales reformas que deberán acometerse".[2] El mecanismo
de racionalización definitivo en términos económicos vino con El Pacto de
Toledo aprobado durante la sesión del 6 de abril de 1995. Supuso recortes,
aunque también tiene elementos de consolidación del sistema público.
Tal
y como ha ocurrido en otros países, desde entonces el gasto en pensiones ha
crecido hasta suponer la mayor parte del gasto en protección social. España
tiene un sistema de pensiones púbico, obligatorio, contributivo y de reparto,
donde las rentas se determinan en función de las cotizaciones durante la vida
laboral y un sistema de pensiones contributivas en el que las cotizaciones se
acumulan en cuentas individuales y los beneficios se calculan anualizando el
capital acumulado. Se complementa con un sistema público de pensiones
asistenciales, así como un sistema privado voluntario.
El siglo XXI nos muestra un panorama
totalmente diferente en lo económico, lo político y lo social. Las pautas
seguidas en el siglo pasado durante la creación de los sistemas públicos de
pensiones, nada tienen que ver con lo que ven nuestros ojos. Antes la mayoría
de la población era pobre, la longevidad estaba poco extendida y predominaba la
estructura familiar tradicional caracterizada por la estabilidad de unas
unidades familiares en las que sólo el “cabeza de familia” participaba en el
mercado de trabajo.[3]
Contextualizando, abordaremos la necesidad de la época en la creación de un
sistema de Seguridad Social, racionalizado y la influencia que tiene la
distribución demográfica y las normas sociales.
Teniendo en cuenta que el objetivo de un
sistema público contributivo de seguridad social es ofrecer un seguro a la hora
de carecer de renta laboral, veremos por qué motivos es fundamental para
proporcionar bienestar social. La
seguridad social es un sistema ideado para proteger a la población de una
sociedad contra las privaciones económicas y sociales que pudieran afectarles.
La Seguridad Social cubre las privaciones que puedan sufrir los individuos a causa
de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral,
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Por tanto, incluye entre
otros servicios la asistencia sanitaria, las prestaciones por incapacidad
temporal, las prestaciones por maternidad, las prestaciones de atención a la
tercera edad, las prestaciones por desempleo y las pensiones.[4]
Por tanto podemos resumir la necesidad
en dos razones: la primera razón tiene que ver con los fallos de los mercados
privados de seguros. Estos a veces no pueden cubrir determinados riesgos, como
por ejemplo aquellos de tipo sistémico que se originen en perturbaciones
agregadas de la economía. El segundo motivo por lo que es necesario un sistema
de S.S. es por el hecho de que pueda contribuir a aumentar la eficiencia
económica. A continuación veremos por qué.
Antes de avanzar, pongamos sobre la mesa
algunos datos en relación a los factores que intervienen en el sistema de pensiones
español. En 1998 el gasto total en pensiones en España representaba un 11,4%
del PIB, más de tres puntos por encima que en 1990 y dos décimas menos que en
1996, el año de mayor gasto en pensiones
en relación con el PIB de la historia española.[5]
En comparación a otros países de la UE este gasto parece moderado: en el año
1996 el gasto total en pensiones representaba un 14,6% del PIB en el conjunto de la Unión
Europea (UE). El proceso de envejecimiento de la población española es algo que
se viene dando desde hacía varios años y que seguirá dándose en la próxima
década. Podríamos hacer un parón en los años en los que España recibió unos altos
porcentajes de inmigración (2009), lo que permitió en cierta medida el
rejuvenecimiento de la sociedad española. Por otro lado la disminución del
número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en el último año en un 7%.
Del año 2007 al 2009 se redujo la media anual de afiliados en el régimen
general (en miles de habitantes) de 14.706,8 a 13.538,7[6]
y la tasa de paro en la actualidad es de un 21.52%. Con estos datos abordamos
los factores determinantes en el sistema de pensiones que son: la población en
edad de jubilación en relación a la población en edad de trabajar, la tasa de
empleo y la relación entre pensión media y productividad media del trabajo.
El
factor que nos interesa de forma relevante es la relación entre la población de
más de 65 años y la población en edad de trabajar.
Tras dejar claro a grandes rasgos el
panorama actual de los factores que intervienen en el sistema de pensiones
haremos una revisión de sus características y evolución, para posteriormente
profundizar en las necesidades, carencias y posibles alternativas del sistema
en la actualidad para su mejor adaptación a las condiciones sociales,
económicas y políticas de España.
El sistema público de pensiones en
España se divide en dos grandes subsistemas: el asistencial no contributivo y
el contributivo. El primero atiende a aquellos que se encuentren por debajo del
umbral de renta (< 4.708,62 euros anuales). Esta gestionado pos las
Administraciones central y autonómicas. El segundo subsistema es obligatorio. Se
gestiona a través del modelo de reparto y su financiación procede de las
contribuciones sociales de empleadores y trabajadores (IRPF e impuestos sobre
sociedades). Las pensiones que se reciben están directamente relacionadas con
los ingresos del trabajo obtenidos durante la vida laboral. Existe otro sector
denominado Clases Pasivas del Estado, como
son los funcionarios de la administración central y militares que disfrutan de
pensiones gestionadas por el Estado. Todas las pensiones tienen el tratamiento
de rentas del trabajo a efectos fiscales. Dentro de los requisitos para acceder
a las pensiones de jubilación está tener una edad de 65 años y un mínimo de 15
años de cotización. Existen excepciones por las cuales la jubilación se puede
dar a los 61 años e incluso a los 60. La cuantía a percibir se calcula según la
base reguladora.
La base reguladora se calcula dividiendo
por 210 las bases de cotización del interesado durante los 180 meses
inmediatamente anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante. La base
de cotización es, fundamentalmente, el salario mensual.[7]
Existen máximos y mínimos en los salarios mensuales así como en las pensiones.
En el caso de jubilación anticipada, la prestación se reduce en un 8% por cada
año o fracción anterior a los 65.
Para
acceder a las pensiones por invalidez se tiene en cuenta la severidad y las
causas de la misma, la edad del trabajador y si éste está cotizando en el
momento de la solicitud. Por su parte,
las personas viudas, huérfanos y con parentesco con el trabajador o con el
pensionista fallecido pueden acceder a las correspondientes pensiones. En el
caso de trabajadores activos, los requisitos contributivos dependen de la causa
de la muerte. En el caso de pensionistas, no hay esos requisitos.[8]
El gasto en
pensiones como porcentaje del PIB puede expresarse de la siguiente manera:
Se descompone en cinco cocientes que
pueden interpretarse de manera independiente, aunque sus evolucione estén
relacionadas. El primer cociente es la ratio de dependencia, el segundo la
inversa de la tasa de empleo, el tercero la tasa de cobertura, el cuarto la
inversa de la productividad media del trabajo y el quinto la pensión media.
El primer factor que abordamos es la
relación activos-pensionistas (ratio de dependencia). Cuanto mayor sea esta
relación, mayor es el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. En la década
de los 80 esta relación era de 2,5 afiliados a la seguridad social. En los 90
los niveles de afiliación a la seguridad social superaron con creces a las
pensiones por jubilación y esta relación se redujo, debido al crecimiento
económico y de empleo experimentado en esos años, lo que permitió reducir el
peso de gasto en porcentaje del PIB (en torno al 10%), o sea una tranquilidad
relativa en términos contables de la Seguridad Social.[9]
Posteriormente, este ratio se ha elevado hasta los 2.30 afiliados por pensión
en abril de 2008. En los últimos años el eje en torno al cual gira este debate
recae en el proceso de envejecimiento de la población española a un ritmo
vertiginoso, ya que atenta a la sostenibilidad del sistema y porque estas
prestaciones (las de jubilación) constituyen la gran mayoría del total.
La tasa de empleo es otro de los
determinantes en el gasto de pensiones como porcentaje del PIB. Cuanto mayor es
la tasa de empleo, menor es el gasto en pensiones como porcentaje del PIB. El cociente de la pensión media y la
productividad media del trabajo (PIB por ocupado): cuanto mayor es este
cociente, mayor es el gasto en pensiones como porcentaje del PIB.
En resumen, el sistema es tanto más sostenible, dada
una tasa de cobertura y un importe medio de las pensiones, cuanto menor es la
tasa de dependencia, cuanto mayor es la tasa de actividad, cuanto menor es la
tasa de paro y cuanto más productivo es el trabajo.
El PIB en España para el 3º trimestre de
2011 era de (en millones de €) 269.141.[10]
La nomina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social superó el
pasado 1 de Noviembre los 7.169,5 millones de euros (7.169.587), un 4.7% más
que en el mismo mes de 2010.[11]
La pensión media de jubilación del sistema de la Seguridad Social en Octubre
era de 920,38 euros y para el mes de noviembre ha alcanzado los 921,73 euros
presentando un aumento del 1,32% desde inicios de año, donde dicho valor se
situaba en 905,94 euros, siendo la primera vez que se superaban los 900 euros.
El número de pensiones contributivas de la Seguridad Social en Octubre fue de
8.853.188, lo que supone un crecimiento interanual del 1,5%. La gran mayoría
corresponden a pensiones de jubilación, un 26,17% son por viudedad, un 10,63%
por incapacidad permanente, 3,11% por orfandad y un 0,43% a favor de
familiares. La población en edad de trabajar (de 16 años o más) es de 38.487.800.
La tasa de empleo es de un 78,48% (18.156.300 p).[12]
La gráfica nos muestra un descenso
en el número de afiliados a la Seguridad Social (un aumento en el número de
desempleados) en los últimos 5 años. En octubre de este año se registraron
17.360.313 afiliados a la S. Social. Se dataron 134.182 parados más, hasta
alcanzar los 4.360.926.
Fuente:
Revista Seguridad Social Activa. Evolución de la afiliación en los últimos
cinco años.
La productividad es otro de los factores
determinantes. El Instituto Nacional de Estadística, pone a disposición
informes sobre la productividad de España centrándose en la productividad por
ocupado y la productividad por hora trabajada, en base a datos obtenidos a través
de la Encuesta Industrial de Empresa. Teniendo en cuenta las dificultades que
supone un análisis de la evolución de la variable productividad por la intervención
de la inflación, se utiliza el índice de precios industriales (IPRI) para
deflactar el valor añadido y poder homogeneizar los datos de cada año para su
comparación.
Actualmente,
España gasta un 9% del PIB en pensiones, un poco por encima de la media de la
OCDE[13]
aunque se prevé un gasto de más del 15% del PIB para 2050.
De
todos los factores que intervienen en el gasto de pensiones como porcentaje del
PIB es de donde deducimos las carencias y deficiencias que muestra para el
futuro el sistema de pensiones públicas en España.
En primer lugar el proceso de
envejecimiento en España. Cada vez hay más personas mayores de 65 años a los
que garantizar estabilidad de vida a través de una renta y menos trabajadores
cotizando a la Seguridad Social. Existe en la actualidad un Fondo de Reservas
que se creó durante el auge de la economía española y que a principios de 2009
tenía en sus arcas 58.593,78 millones de euros. El envejecimiento de la
población puede aumentar el cociente gasto en pensiones / PIB.
Las tasas de desempleo son cada vez más
altas, las empresas destruyen empleo en vez de flexibilizar el trabajo y además
siendo imposible aumentar la productividad con menos trabajadores. El aumento
del desempleo también tiene que ver en gran medida con decisiones políticas de
carácter macro, que han influido de forma negativa en la creación de empleo. Por
ejemplo el privilegio de las rentas financieras
que han absorbido recursos de la actividad productiva y han detraído los
necesarios para que las empresas productivas creen puestos de trabajo. Muy
importante, la reducción del gasto social que ha impedido crear puestos de
trabajo en los servicios del bienestar.
De esto deriva que la economía española sea
poco productiva y de poco valor añadido. Se utiliza mano de obra en actividades
con poca innovación y de escaso valor añadido.[14]
A esto se le suma el aumento en las cuantías de las pensiones, que en algunas
provincias de España superan los 1200 euros.
Si dirigimos nuestra mirada a las leyes
del mercado de esta economía global, probablemente comprenderíamos que este
problema tiene un carácter aun más estructural.
Los bancos en los Estados Unidos
difundieron un negocio tremendamente rentable que consistía en la titulación de
los activos. El banco vende el derecho que lleva consigo el contrato de
préstamo, el papel, a una entidad (normalmente un fondo de inversión)
denominada "vehículo" (en general creada por los mismos bancos). De
esa forma sale papel de su balance y entra liquidez (dinero contante y sonante
que ya puede utilizar para seguir dando más créditos) y, además, transfiere el
riesgo desde dentro hacia fuera de su balance.[15]
Ejemplo el caso de la burbuja inmobiliaria y los productos financieros derivados de contratos hipotecarios.
Esto vino de la mano de políticas neoliberales
con Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos en
los que se reducía el poder adquisitivo de los consumidores y de las cuales
surgiría el nuevo sistema para rentabilizar sus movimientos. Pronto se
extendería por todo el mundo gracias a las mejores en los sistemas de
información y telecomunicaciones.
Con estos productos financieros es con
lo que los bancos se dedican a especular en las bolsas, un negocio volátil y
arriesgado como las leyes que lo rigen. Cuando la economía empezó a venirse
abajo simplemente resulto que esos “papeles” eran basura financiera que hizo
quebrar a los bancos y a los inversores que lo habían adquirido. Los bancos
dejaron de emitir créditos a las empresas y consumidores y la economía se
paralizó. A esto le sumamos la falta de financiación previa que ya
experimentaban las empresas y los consumidores, debido a que los bancos veían
en los productos financieros una alta
rentabilidad en contra de la baja rentabilidad que ya estaban presentando
diversos segmentos de la economía productiva.
Los gobiernos inyectaron millones de
dólares en los bancos para solventar durante un breve periodo de tiempo la
crisis financiera. Las empresas que generan empleo no vieron financiación
alguna; los consumidores tampoco. Los gobiernos asumían así una importante
carga en gastos tras la subida de las tasas de desempleo, miles de hogares que
tuvieron que reducir el consumo que al fin y al cabo es de lo que viven las
empresas. Esto ocurrió tanto en el caso de España (aunque en menor medida ya
que los bancos si aportaron algo de esa ayuda a los inversores) como de todos
los países que intervienen en la economía global.
En resumidas cuentas esto hace alusión
al proceso de cambio que ha sufrido el capitalismo, en el que los bancos y los
grandes fondos de inversión se han convertido en generadores de deuda a través
de la titulación de activos y procedimientos diversos con el único objetivo de
maximizar beneficios, totalmente al margen de la actividad productiva. Esto por
consecuente deriva en una división entre actividad especulativa y actividad
productiva, cada vez más alejada la una de la otra. La que nos interesa aquí es
la productiva ya que va relacionada directamente con el empleo y por
consecuente con las pensiones contributivas.
Actualmente en el caso de España, y
desde su incorporación en la Zona Euro, los mejores activos de su economía
están en manos extranjeras, hasta el punto de que el capital español ha
desaparecido de sectores enteros. La poca competitividad, las relaciones de
poder, y una atrasada y corporativizada economía heredada del régimen franquista,
son factores que influyen en las limitaciones de maniobra que tiene España a
nivel interno, ya que por lo general se rigen a los intereses empresariales de
los países más poderosos como Francia y Alemania. Esto tiene su repercusión en
los cambios culturales, políticos y económicos que sufre España con respecto a
la Protección Social.
La estructura del mercado de trabajo en
España ha posibilitado cambios favorables al empresario en la contratación,
reflejado en contratos con alta temporalidad y explica en cierta medida los
cambios tan drásticos que sufren los ciclos de empleo, uno de los factores
determinantes en la relación gasto en pensiones/PIB.
La panorámica no queda tan clara cuando
hablamos de las políticas neoliberales y su constante proceso de extensión de
la privatización en diversos ámbitos de la economía. Esto claramente tiene un
debate político importante en el que intervienen diferentes fuerzas e
influencias, con distintas ideas y propuestas para el sistema de pensiones
actual en España.
La política sindical se ha caracterizado
en cuanto a pensiones por dos rasgos: primero, asume la moderación salarial
como práctica social y, en segundo lugar, la defensa estratégica pactada hasta
donde sea posible del actual sistema de pensiones de reparto a cambio de
reforzar su contributividad y no tolerar el desarrollo de sistemas privados
complementarios de pensiones.[16]
Para el empresariado el objetivo
prioritario ha sido en exclusiva la reducción de las cotizaciones de las
empresas a la Seguridad Social bajo la tesis de que son muy elevadas y no
contribuyen a la creación de empleo.[17]
Todos sus esfuerzos políticos y mediáticos siempre han ido contra la
consolidación del actual sistema de reparto por otro de tipo privado.
Los partidos políticos tienen diferentes
visiones acerca del sistema de pensiones, unos de tipo privado, otros luchan
por el mantenimiento de un sistema público y de reparto. Aun siendo así la
realidad, en el gobierno y por el mantenimiento de unos principios democráticos
acordados al inicio de esta época, se intenta consolidar cada vez más el
sistema de Seguridad Social. El sistema público de pensiones por lo general es
y ha sido objeto de consenso político.
Los
expertos de diferentes posturas, realizan análisis de las causas y posibles
alternativas y proponen un sistema de tres ejes: pensión mínima asistencial;
planes de pensiones obligatorios profesionales de capitalización hasta al menos
el 50% del salario, el resto voluntario o de reparto; y un tercer nivel de
planes de pensiones individuales libres.
Todos los
protagonistas ven la necesidad de un modelo mixto. El gran debate recae en como
un simple proceso hacia la capitalización definitiva o un modelo donde se logre
la máxima adecuación entre contribuciones y pensiones y un mantenimiento
reformado del sistema de reparto, o un modelo mixto en última instancia. A
continuación explicaremos esto con más detalle.
El colectivo de empresarios junto con los
expertos, pretende unas medidas de cambio inmediatas, si no, la situación se
irá agravando aún más a media que la población española vaya envejeciendo.
Nuestro sistema de pensiones debe dar pasos decididos hacia fórmulas de
capitalización.
Mediante el “pacto de Toledo” (1994)
donde se llego a la finalidad del mantenimiento del sistema público de
pensiones ante todo, ha hecho que se cierren las puertas a posibles reformas
que aseguraran la estabilidad financiera. El círculo de empresarios demandan
una mayor información para aumentar la concienciación de la magnitud del
problema del envejecimiento de la población y lo que esto conlleva. También
defienden la responsabilidad individual de las personas frente a su futuro,
abogando por un modelo mixto, en el que el sistema de reparto vaya
introduciendo crecientes niveles de capitalización.
El
modelo propuesto está basado en tres soportes, en una línea similar a la
promovida por el Banco Mundial. Un primer soporte correspondería a las
pensiones básicas, orientadas a garantizar un nivel de vida mínimo, y su
funcionamiento sería el actual, esto es, el de un sistema público de pensiones
de reparto. Ese primer soporte se combinaría con un segundo, que habría
que desarrollar en España, en forma de un sistema de capitalización obligatorio
al que contribuyeran empleadores y trabajadores para aquellos empleados con
ingresos por encima de un nivel determinado. El objetivo en este segundo
soporte sería acercar la pensión al nivel de vida de que disfrutaba la persona
durante su vida activa. El tercer soporte correspondería al ahorro individual
voluntario en planes de pensiones favorecidos por un tratamiento fiscal
adecuado, siendo el objetivo la constitución de un complemento a sus pensiones
por parte de quienes quisieran realizar este ahorro. La combinación de esos
tres soportes garantizaría un sistema en que primasen la justicia y la libertad
individual.
La
reforma se sustenta en cinco grandes principios rectores:
- Promover la
responsabilidad personal como elemento básico que garantice unas prestaciones
suficientes en el periodo de jubilación.
- Un sistema que
garantice la libertad y la justicia. Un sistema de pensiones, además de en la
libertad individual, debe basarse en principios de justicia. Justicia en la
carga que soportan las distintas generaciones y justicia en la protección que
ofrece a los desfavorecidos. El sistema ha de aspirar a un equilibrio entre
ambos conceptos: libertad para que cada persona tome las decisiones que
afectarán a su futuro a través de su capacidad actual de ahorro, atendiendo a
aquellas personas cuya capacidad es muy limitada o inexistente.
- Un sistema
simple, entendible por todos, que clarifique el papel que deben desempeñar
tanto el Estado, como las empresas y los trabajadores.
- Que sea
financiable y no tenga efectos macroeconómicos perversos.
- Que sea
sostenible, que no suponga una pesada hipoteca para nuestro futuro y que se
sustente en un consenso social amplio y duradero en el tiempo.
La
viabilidad y la salud del sistema de pensiones dependen, de la fortaleza
económica que muestre el país. Así que se deben impulsar el empleo y la
productividad, y esto se puede hacer con la mejora de la educación, con una
transición hacia un modelo de mercado de trabajo en la línea de la flexiguridad
y la conciliación de la vida personal y laboral (facilitar esta conciliación,
con la participación en el esfuerzo de administraciones, empresas y
trabajadores, permite mejorar las condiciones para incrementos de la
participación laboral, de la vida activa y de las tasas de natalidad).
Un sistema con
tres soportes y mixto, parte de reparto y parte de capitalización, se presenta
como una alternativa atractiva y viable, desde un punto de vista tanto
económico como político.
Sistema
de reparto (primer soporte); orientado a la provisión de unas pensiones
básicas, y reforzado con las pensiones asistenciales y los complementos de
mínimos para quienes únicamente disponen de este soporte como fuente de
ingresos. Aunque no se renunciaría a su naturaleza de reparto, sí es necesaria
la modificación de algunos de sus parámetros para así dotarlo de mejor salud
financiera.
En un sistema de
capitalización los trabajadores actuales ahorran en un fondo que, invertido
adecuadamente, ofrece rentabilidad y seguridad, lo que permitirá en el futuro
que dicho fondo financie sus propias pensiones cuando se retiren.
El
segundo soporte, consistiría en lo siguiente: Es un subsistema obligatorio de
capitalización, con un fondo de pensiones a nombre del trabajador al que
aportarían tanto éste como el empleador, la financiación aportada a este
soporte procedería de las cotizaciones sociales reducidas del primer soporte y
trasladadas a la capitalización en el segundo soporte. El trabajador podrá
elegir el tipo de gestión –pública o privada- para esta nueva clase de fondos
de pensiones.
El
tercer soporte del sistema propuesto requeriría la puesta en marcha de nuevos
incentivos (fiscales) para promover el ahorro voluntario en fondos de pensiones
privados (individual y empresarial).
Debe
subrayarse que esta reforma contribuye al objetivo fundamental de que cada
ciudadano se corresponsabilice de su propio futuro, lo cual supone un cambio
cultural no sólo conveniente, sino necesario para la sostenibilidad del sistema
del Estado de Bienestar. Un cambio que sustituye la cultura del Estado
paternalista por la del esfuerzo y la responsabilidad personal.
Pero, ¿Es mejor un sistema de
capitalización que uno de reparto?
El sistema de capitalización es equivalente a un sistema privado
en el que cada trabajador contribuye a su propio fondo de pensiones, algo que
tiene importantes inconvenientes económicos y sociales.
El sistema de reparto, en cambio, está basado en principios
solidarios y las contribuciones de los trabajadores no se destinan a un fondo
personal sino a pagar las pensiones de los jubilados de ese momento.
Según los liberales, a diferencia de lo que ocurre en el sistema
de reparto, en donde lo recaudado se gasta inmediatamente, cuando se
constituyen fondos se favorece el ahorro y, en consecuencia, la inversión. Sin
embargo, la inversión no siempre depende de la existencia de ahorro en la
economía sino, más bien, de la existencia de opciones de colocación de
capitales rentables.
El crecimiento económico puede afectar al sistema de reparto,
aunque los liberales piensen con la iniciativa privada de mercado que no, pero
esta puede desembocar en un menor crecimiento económico y afectar al sistema de
reparto.
Los liberales olvidan demasiado a menudo que la pobreza y los
bajos salarios son la fuente más directa del menor crecimiento económico que
dicen buscar.
Los problemas de oferta de trabajo no suelen proceder de los
segmentos de edad más cercana a la jubilación (como piensan los liberales). Si
ese argumento liberal fuera riguroso no se entendería que las grandes compañías
financien pensiones muy generosas a sus directivos porque entonces estarían
dando lugar a que se jubilaran antes.
¿Qué
sistema está más preparado para proteger a los más débiles?
El sistema de reparto tiene mayor capacidad para proteger
efectivamente a los sectores más débiles de la sociedad, lo que al fin y al
cabo es uno de los objetivos que debe perseguir un sistema de seguridad social.
Como habíamos visto antes, bajo un sistema de capitalización las
personas que no hubieran podido ahorrar suficiente durante su vida laboral, o
que ni siquiera lo hubieran hecho, estarían destinadas a vivir prácticamente en
la mendicidad una vez alcanzada la edad de jubilación.
Respecto a la inflación, el sistema de reparto es más eficaz
para hacer frente a este problema, además el sistema de reparto tiene
posibilidad de generar fondos con carácter inmediato, mientras que la
capitalización requiere un largo periodo de acumulación.
El coste de gestionar un sistema de capitalización es muy
superior al coste de administrar la Seguridad Social.
La evidencia acumulada es que los costes de administración de los sistemas
privados de aseguramiento son muchas veces más grandes que los costes de
administración de los sistemas públicos. Ante esta realidad, lo que está
ocurriendo es que a la hora de defender el paso a los sistemas de capitalización
se pasen por alto estos costes, lo que equivale a aceptar una enorme
disminución en los niveles de protección y seguridad social de la población.
Otro factor a tener en cuenta es que pasar de un modelo actual
de reparto a uno de capitalización es enormemente costoso, puesto que si las
personas que ahora cotizan a la Seguridad Social dejaran de hacerlo para pasar
una parte de su salario a su banco o a su caja, el Estado tendría entonces que
pagar las pensiones a los pensionistas de ahora.
Los liberales proponen para diferir los costes de dicha
transición; una serie de pasos progresivos como
-
La reducción significativa de los beneficios de las pensiones.
-
Basar la pensión en el salario promedio de la vida laboral del pensionista
(reducción de un 30% de las pensiones actuales).
-
Aumento de la edad de jubilación a 70 años.
CONCLUSIONES
Tras este repaso
cabe concluir que el sistema de pensiones contributivas en España, como el de
otros países occidentales, está abocado a sufrir reformas, aunque resulta menos
claro que exista un conjunto de soluciones claramente superior a otro.
Claramente todo esto nos lleva a un modelo mixto en el cual gestionando de
forma inteligente ambos sistemas, producirían eficiencia económica y
producirían efectos sobre la equidad. El tamaño relativo de ambos sistemas debe
calcularse en función de la rentabilidad relativa de inversión de capital
humano y de la inversión en activos financieros. El sistema público debe seguir
sirviendo para el objetivo para el que fue creado. Es importante mantener las
finanzas públicas saneadas y la mayoría de las posturas aquí expuestas no hacen
referencia a abandonar las reglas fiscales de medio plazo establecidos en el
Pacto de estabilidad a nivel europeo y en las leyes de estabilidad presupuestaria.
Desde un punto de vista macroeconómico, las arcas del Estado se pueden ver
beneficiadas si aumentan las tasas de empleo y la productividad. Esto claro con
la intervención estructurada y reglada de las entidades financieras. Daría pie
a reformas en el mercado de trabajo y en la producción de bienes y servicios.
Paul Fernando
Cajiao Alvarado
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perspectivas en el medio plazo”, [en línea]. Dirección URL: < www.crei.cat/research/books/2000(PE).PDF>
[2] Boletín Oficial de las
Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 12 de abril de 1995. Número 134
[3] Ibídem, p 2.
Dirección URL: < www.crei.cat/research/books/2000(PE).PDF>
[4] Navarro,
Vicenc. “¿Están en peligro las pensiones públicas?”, ATTAC, Madrid, [en línea]. Dirección URL: < http://www.vnavarro.org/wp-content/uploads/2010/03/navarrotorresgarzon_pensiones.pdf>
[5] Estas cifras
provienen de EUROSTAT, SEEPROS (Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de
Protección Social) y se refieren a la suma de las funciones de vejez,
supervivencia e invalidez de dicho sistema. Por lo que se refiere
exclusivamente a la función de vejez los gastos representaban el 6,20%, 8,98% y
8,85% del PIB en los años 1980, 1996 y 1998,
respectivamente, y del 10,8% para la media de la UE en 1996.
[6] Movimiento
laboral registrado. Dirección URL: <www.ine.es>
[7] Desglose de
conceptos. Círculo de Empresarios. El
sistema de pensiones: propuesta para una reforma necesaria.
[8] Ibídem, p 10
[9] En 1990 había
12.2 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social mientras que se
pagaban 6 millones de pensiones contributivas. Siete años más tarde, en enero
de 1997, el número de afiliados apenas había aumentado hasta los 12.5 millones
mientras que el de pensiones superaba los 7,2 millones, alcanzándose una ratio
de 1,73 afiliados por pensión, el mínimo histórico.
[10] www.ine.es
[11] Revista
Seguridad Social Activa-Pensiones. Dirección URL: < http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Pensiones/REV_028896>
[13] Pensions at a Glance 2011: Retirement Income Systems
in OECD and G20 Countries. Dirección URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/16/30/47371728.pdf>
[14] Navarro,
Vicenc. “HAY ALTERNATIVAS. Propuestas para crear empleo y bienestar social en
España”, ATTAC, Madrid, [en línea].
Dirección URL: <http://www.attac.es/web/uploads/Hay-alternativas-web.pdf>
[15] Pensions at a Glance 2011:
Retirement Income Systems in OECD and G20 Countries. Dirección
URL: <http://www.oecd.org/dataoecd/16/30/4737728.pdf>
[16] Rodríguez
Cabrero, Gregorio. “La reforma del sistema público de pensiones en España”, Unidad de políticas comparadas (CSIC),
Dirección URL: <http://www.adeec.org/docs/pensions.pdf>
[17] Ibídem, pp
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